Liz Patricia Benavides Vargas es una abogada y política peruana. Se desempeña como Fiscal General del Perú desde 2022.

La divulgación de unos chats entre Jaime Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y un congresista de identidad todavía no establecida han provocado un auténtico terremoto en el Ministerio Público.

Los mensajes, dados a conocer, entre otros, por la Unidad de Investigación de este Diario, tienen que ver con coordinaciones entre los referidos personajes a fin de dirigir los votos de un grupo de parlamentarios con relación a tres asuntos de gran importancia: el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos. Los legisladores mencionados por Villanueva en los chats, por otra parte, son Patricia Chirinos (Avanza País) y César Revilla (Fuerza Popular), aparte de una referencia imprecisa a representantes de Somos Perú, a cuatro ‘Niños’ (presumiblemente de Acción Popular) y a la congresista María Cordero.

Ante lo ocurrido, algunas conclusiones son claras. En primer lugar, la señora Benavides no puede continuar a cargo del Ministerio Público. Ayer tendría que haber dado un paso al costado. Que ella y sus asesores estén implicados en una investigación por presunta organización criminal ya es suficiente para demandar su salida. Pero que haya retirado a la fiscal Marita Barreto de la labor que venía realizando (a través de una resolución firmada, para más luces, a la 1 de la mañana) sugiere también una obstaculización de la justicia. Ya en nuestro editorial del último domingo llamamos la atención sobre las sospechosas investigaciones en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público que Barreto enfrentaba por los viajes –autorizados por la propia Benavides– a Estados Unidos y República Dominicana para llevar adelante diligencias vinculadas al Caso Sada Goray. También desde hace semanas este Diario viene alertando sobre recortes de personal y procesos disciplinarios en las oficinas de fiscales que investigan casos emblemáticos como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, los aportes a Perú Libre y Alas Peruanas. ¿Por qué Benavides ha permitido que se perjudiquen procesos tan importantes?